| Nombre del Caso de Corrupción | Caso 3 per Cent (Caso 3%) (Caso Tres Por Ciento) |
| Situación Legal | Abierto (Sin veredicto) |
| Partidos Implicados | Gobierno de Cataluña |
| Coste Público Estimado | 1.800.000.000€ |
El caso del 3%, conocido también como caso ADIGSA o caso Convergència, fue un escándalo de corrupción política que atacaba directamente al cobro de comisiones ilegales, alrededor de un 3% (de ahí el nombre del caso) del presupuesto de obras públicas adjudicadas a dedo por el gobierno de la Generalitat de Cataluña. El partido principal, disuelto en 2015 fue Convergència i Unió.
Denuncia Pública del 3%
La denuncia inicial se inició el 24 de Febrero de 2005, para, por desgracia de los afectados y por suerte de los causantes, fue archivada ese mismo año. El caso se hizo público en pleno parlamento de cataluña, por unos derrumbamientos en el metro de Barcelona.
El 16 de Diciembre de 2005, José María Mena el que abrió una investigación y diligencias sobre Adigsa, empresa pública de la Generalitat de Cataluña que rehabilitaba viviendas sociales.
Se inició una comisión parlamentaria para estudiar las acusaciones de Margall sobre este caso, pero se llegó a la conclusión de que era inviable acreditar los cobros de comisiones a cambio de adjudicar obras públicas, pero a raíz de ello se iniciaron procesos para añadir claridad a las cuentas de los partidos políticos, por suerte. Y además a eliminar las donaciones anónimas a dichos partidos.
Jordi Pujol confiesa en 2014
El 25 de Julio de 2014, un año antes de la disolución del partido, el propio presidente Jordi Pujol admitió en un comunicado enviado a diversos medios de prensa que ocultó durante 34 años a Hacienda un dinero ubicado en el extranjero, en propias palabras suyas. Aproximadamente, unos cuatro millones de euros en Andorra.
3% se reabre en 2015
A raíz de la confesión anterior, el caso se abrió de nuevo en 2015 y se fueron añadiendo pruebas que incriminaban a los políticos del partido catalán:
- 21 de Octubre. Agentes del Instituto Armado registran la sede de Convergència tras la detención de su tesorero Andreu Viloca.
- 29 de Octubre. La Generalitat catalana aparta temporalmente a Rosell de sus funciones públicas en infraestructuras. El juez analiza la documentación de los maletines del director imputado por el caso tres porciento.
- 5 de Noviembre. Se analiza el contenido del último maletín atribuido a Rosell. Se solicita levantar el secreto de sumario.
- 10 de Noviembre. La fiscalía anticorrupción solicita mantener la prisión para Viloca por riesgo de instrucción del caso.
- 11 de Noviembre. La Convergencia Democrática de Cataluña paga 250.000 de fianza para que el tesorero abandone prisión. La Audiencia de Tarragona tomó esta decisión al ver que su libertad no atentaba contra la destrucción de pruebas.
Seguimiento del Caso en 2016
- 18 de Enero. Dos constructoras son atrapadas con donaciones a la fundación Convergencia Democrática de Cataluña hasta pleno 2015. Se abonaron por Copisa y Grupo Soler, meses antes del registro en la sede del partido.
- 19 de Enero. El partido asegura que esas donaciones eran legales, auditadas, públicas, y transparentes.
- 10 de Febrero. El Gobierno en Funciones reubicó a un diputado por el caso 3%, concretamente Joan Antoni Rosell, por infraestructures.cat
- 12 de Febrero. El juez declara que Jordi Pujol gestiona todo el patrimonio de su familia, y por tanto se le es retirado el pasaporte.
- 15 de Febrero. Los políticos implicados, con la intención de reducir su condena o conseguir un «perdón», destaparon una red de casos de corrupción directa o indirectamente relacionados con 3 per cent.
- 22 de Febrero. Fiscalía reclama cuatro años y medio de cárcel para el exalcalde de Torredembarra por malverasión de fondos públicos. Se acuerda un juicio oral para dicha persona, y trece implicados más.
- 25 de Febrero. El Gobierno de Cataluña destituye a Rosell de nuevo por el caso, y fue recolocado en Diciembre a Ejecutivo en Funciones de Mas
El caso se paraliza hasta el año siguiente.
Pequeños pasos
En Julio de 2017, juez y fiscal autorizaron que agentes del instituto armado acudieran al parlamento catalán, a la Conselleria de Justicia, al Palau de la Generalitat, y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. El objetivo era encontrar pruebas en contra del diputado Germà Gordó, investigado por el Tribunal Superior de Justicia Catalán. Los cargos eran tráfico de influencias, soborno, y malversación de fondos públicos.
En Julio de 2018, el juez de la Audiencia Nacional a cargo del caso 3%, imputó al CDC por tráfico de influencias, cohecho, y blanqueo de capitales.
A partir de aquí, el caso ha avanzado lentamente, y sin condenas firmes.
