| Nombre del Caso de Corrupción | Caso «ACM» |
| Situación Legal | Abierto (sin veredicto) |
| Partidos Implicados | PSOE |
| Coste Público Estimado | 500.000€ |
Otro caso de corrupción basado en muchos años previos, iniciándose en 2007. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaira pide al Tribunal Supremo que impute al diputado nacional del PSOE-A por conocer y consentir un robo de las arcas públicas a través de la empresa pública ACM.
Dicho diputado (el cual, casualmente no ha presentado su dimisión todavía), se le acusa de obtener beneficio personal de irregularidades con la empresa pública ACM, Alcalá Comunicación Municipal. Ocultar dichas irregularidades, y bloquear el control de las cuentas de la empresa.
El juez encargado del caso, afirmó que hay indicios claros de que el imputado, Antonio Gutiérrez Limones, con el cargo de la Comisión de Exteriores en el Congreso del PSOE, con delitos de prevaricación, falsedad documental, y malversación de fondos públicos.
El dinero a cargo del ACM
El coste estimado de pérdidas de fondos públicos por este caso se estima en 500.000€, pero eso no es todo. El coste es seguramente mayor, pero esa es la cantidad llevada a juicio. ACM recibió más de 13 millones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, eje principal de una red que calificada como mafiosa por la propia Guardia Civil. Se desviaban fondos para comidas, copas, viajes, y gastos privados.
Mediante la falsificación de firmas y facturas, se hicieron retiradas de efectivo en las cuentas.
A parte de ello, se le asocia un viaje a Madrid en Junio de 2007, con la mujer y sus dos hijos, con entrada a parque temático incluído.
La empresa mantuvo una actitud obstruccionista para que no se pudiesen realizar controles o auditorías de cuentas (como en casos recientes y aún no demostrados)
Declaraciones finales del Juez
A pesar de que el caso aún esté abierto, y que recientemente el acusado se defendiese diciendo que «ha prescrito», el juez afirmó que había una estructura cerrada, desde la gerencia hasta la administración y la junta general, con malversaciones de grandes cantidades de dinero público.
El juzgado imputó al director general y a la directora general, concejales del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. La investigación se llevó a cabo por una revelación de grabación en la que Javier Luque contaba contaba todas las ilegalidades que se realizaban.
